Los derechos humanos retrocedieron en Colombia durante el segundo año del Gobierno del presidente Iván Duque, denunciaron este miércoles organizaciones sociales con motivo del Día Nacional de los Derechos Humanos.

"Ha sido un año de retrocesos en derechos humanos, en aumento de la violencia, de una peligrosa concentración del poder y de ataques a la independencia de la justicia", señala el informe "El desgobierno del aprendiz: Autoritarismo, guerra y pandemia", divulgado este miércoles por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

El documento recoge el balance de más de 500 organizaciones sociales y no gubernamentales agrupadas en tres plataformas de derechos humanos en el que señalan "el grave retroceso en derechos humanos, el aumento de la violencia y el desgobierno frente a la emergencia derivada del Covid-19".

Al ahondar sobre el conflicto armado, el orden público y derechos humanos, señalan que en el segundo año de Duque, cuyo Gobierno comenzó el 7 de agosto de 2018, "es notable la expansión de grupos armados postdesmovilización, en especial en las zonas donde ya no hacen presencia la antigua guerrilla de las FARC", una referencia a las disidencias.

Crecimiento de grupos armados ilegales

El informe subraya que grupos como el Clan del Golfo, que nació tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y se convirtió en la banda criminal más grande del país, tiene "presencia en 22 de los 32 departamentos del país".

También advierten del crecimiento de bandas criminales como las de los Rastrojos, los Pachenca, los Caparrapos y La Constru, que al igual que el Clan del Golfo buscan apoderarse de las rentas de las economías ilícitas asociadas al narcotráfico.

A renglón seguido, asegura el informe que "este panorama hace del año 2019 uno de los más violentos contra las personas defensoras de derechos humanos".

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), del Programa Somos Defensores, durante este año se registraron 844 agresiones individuales, de las cuales 124 corresponden a homicidios.

Esta cifra revela un incremento de casos del 4,8 %, frente a 2018, año en el que se documentaron 805 agresiones.

Del total de las agresiones sufridas por defensores el año pasado, el 74,4 % fueron amenazas, el 14,6 %, asesinatos; el 6 % fueron atentados; el 3,4 %, detenciones arbitrarias; el 0,8 % robos de información; el 0,3 % desapariciones y el 0,1 %, judicializaciones.

"La mayor parte de estos hechos se dirigieron contra liderazgos relacionados con la defensa de la tierra y el territorio y, por ende, hubo incremento de ataques contra los liderazgos indígenas, con 271 casos", detalla el documento.

Al referirse a la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y la entonces guerrilla FARC, el informe señala que, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año "han sido asesinados 25 excombatientes, 220 desde la firma del acuerdo, y se presentaron 39 atentados y 14 desapariciones forzadas de firmantes del acuerdo".

EFE